Hace muchos años, el libanés Carlos Arida, un gran amigo ya finado, empresario prominente, dueño de la empresa textil más pujante de Medio Oriente, de fábricas de Cigarros en varias partes de África y de una empresa aérea que vuela de Jordania a muchas partes del mundo, intentó traer ésta última a México. Se entrevistó con las autoridades del momento y le dieron el visto bueno. Pero tendría que aportar un dineral.
Mi amigo aclaró que aportaría la cantidad para el gobierno. Pero el entonces secretario de Comercio le aclaró que a él no le importaba el gobierno y la cantidad debería ser depositada a su cuenta. Entonces desistió de su intento. La armadora de automóviles Nissan intentó también instalarse en el estado de Guerrero. El gobernador le puso todas las trabas y acabó por pedirle igualmente, una cantidad inmensa de dinero. Acabó por irse a Morelos.
Los morenistas aprendieron del peor Presidente que haya arribado a ese cargo, todo lo que entraña delito para enriquecerse. Hoy, México está en entredicho en diferentes partes del mundo, debido a la inmensa corrupción sembrada desde hace siete años, que no puede ver el fin y que continúa gracias a que el ex presidente aún gobierna en el país, desde donde esté escondido.
Ahora toca el turno a la empresa Samsung, una de las gigantes más importantes del mundo, cuyo liderazgo a nivel universal recae en Lee Jae Yong, quien analiza la posibilidad de llevar sus actividades a otro país latinoamericano, si no se resuelve un conflicto con el Servicio de Administración Tributaria.
Para darnos una idea, la empresa es definida como “clave en la economía, con plantas de manufactura, generación de empleo y la exportación de productos de electrodomésticos, además de ser líder en el mercado de electrónicos de consumo con gran influencia en el país. Su relevancia también se mide por sureputación corporativa, reconocida en rankings de responsabilidad social y liderazgo en su sector”. Lo anterior es revelador de su inmensa importancia.
Las denuncias de esta empresa son en dos sentidos. Por un lado, asevera ser víctima del crimen organizado y por otro, de extorsión fiscal por parte de las autoridades, por más de 300 mil millones de pesos. Todo es creíble. Los criminales no se han tentado el corazón, desde hace muchos años y hoy cobijados por Morena, para extorsionar a quien genera dinero. Por otro, el gobierno busca encontrar numerario hasta debajo de las piedras, porque ya no tiene y debe sostener gastos, más que nada para sus intenciones electorales.
Se conoce que Antonio Martínez Dagnino, al frente del Servicio de Administración Tributaria, presiona a la colosal empresa para que pague una cifra equivalente a seis años de utilidades, bajo la figura de interés compuesto, con una tasa arriba de nueve por ciento y con el mecanismo de importación temporal para manufactura e importación, que permite a las empresas traer insumos sin pagar impuestos cuando se destinen a la exportación.
Se ha dicho que “el SAT habría intentado desconocer este marco legal, acusando a la empresa de uso indebido del mecanismo para ejercer una doble tributación. En la Suprema Corte, la ministra Yasmín Esquivel indicó que el doble cobro viola el principio de legalidad tributaria. Mientras, la también ministra Lenia Batres, justifica el doble cobro, porque según ella, viola el principio de legalidad tributaria. La última ha sido considerada reiteradamente, desconocedora de la ley. Se ha dicho que “fuentes cercanas a las negociaciones del T-MEC han advertido que un cambio en la modalidad fiscal afectaría también a compañías estadounidenses asentadas en México. Esto podría abrir un frente de fricciones comerciales con Estados Unidos y Canadá, ya que se pondría en entredicho el principio de trato equitativo entre los socios del acuerdo.
En este renglón, se ha hablado últimamente del gran problema que ya enfrenta México frente al T-MEC, acusado de no cumplir con los puntos más importantes del tratado y, por lo tanto, podría ya no ser tomado en cuenta.
