Los cacicazgos no se han desterrado de Guerrero, están vigentes e impunes. La gobernadora morenista Evelyn Salgado lo reafirmó el domingo 9 de noviembre al rendir honores al cacique mayor, al sanguinario represor Rubén Figueroa Figueroa. La 4T, a través de la secretaría de cultura estatal, conmemoró el 117 aniversario del natalicio del ex gobernador priista, en Huitzuco, propiedad de los Figueroa, el ejemplo más contundente del poder intocable de los caciques. El lugar del evento fue en una de tantas escuelas que llevan su nombre.
El cacicazgo político es un modelo de gobierno que sigue reproduciendo la clase política guerrerense. Se caracteriza por tomar el control de las instituciones para beneficio personal y familiar; impone a familiares y amigos en los cargos más remunerativos; hace negocios privados con dinero público; somete a los poderes legislativo y judicial; establece pactos con grupos delincuenciales y pone a su servicio los cuerpos de seguridad del Estado.
No castiga a los gobernantes represores, más bien, se confabula con ellos. La ley se aplica a los enemigos políticos y a los luchadores sociales; deja en estado de indefensión a las víctimas y a la clase social explotada. No ataca de raíz la violencia ni la inseguridad y tampoco desmantelan las estructuras delincuenciales, que en las regiones del estado se erigen como un poder fáctico. La corrupción es la correa de transmisión que legaliza los negocios ilegales. El poder político se transforma en un feudo que se hereda por encima de cualquier ideología. Es el cacicazgo en su máxima expresión.
El homenaje realizado a un personaje siniestro nos muestra la cepa de un gobierno que está muy lejos de entender el origen de un proyecto político progresista. No le interesa comprender el significado de las luchas sociales, le es irrelevante indagar las raíces de la rebelión y las revueltas por la democracia. Las grandes movilizaciones contra los malos gobiernos no se erigen como referentes obligados que deben guiar la nueva política construida desde la base social. El levantamiento armado en Guerrero fue clave para desmantelar las estructuras que oprimen al pueblo trabajador. Por eso preocupan estos homenajes porque hay complicidad con los gobernantes que cometieron graves violaciones a los derechos humanos y que implantaron una política de terror operada por el ejército que se especializó en torturar, desaparecer y ejecutar a los guerrilleros y a la población civil.
Es grave el extravío político y el vació ideológico de los liderazgos morenistas. Lo peligroso es que caminamos sin rumbo, congraciándose los nuevos gobernantes con los que masacraron a miles de guerrerenses. Nada les dice a los de la 4T que el terrorismo de estado haya sido una época sombría que no les importa investigar mucho menos judicializar, porque lo que impera es la impunidad y la exaltación de la violencia del estado. El homenaje que realizaron es el termómetro que nos arroja resultados que agravian a los héroes caídos.
Lo inadmisible para los guerrerenses es la mezquindad y ruindad con la que actúan las cupulas partidistas que se disputan el poder, que se embelesan con lo superfluo y se obnubilan con lo fatuo. La obtención del dinero a raudales es su principal objetivo. La lucha por las candidaturas es la obstinación enfermiza por eternizarse en el poder. Para ellos lo que cuenta es su ego. Los ciudadanos solo son votos y en esa medida son importantes. Las causas por las que lucha la gente sirven a los candidatos como eslogan para sus campañas. No hay una identificación con sus demandas históricas, solo las instrumentalizan porque les pueden servir para ganar elecciones. Hay una bifurcación entre la clase política que se mueve dentro de su burbuja y el mundo de los excluidos que pelean a ras de la tierra para sobrevivir y sortear su vida ante la delincuencia que los avasalla. La orfandad e indefensión de la población se traduce en estadísticas y cifras alegres de que la situación del país y del estado mejora, a pesar de que los bolsillos estén vacíos y que las desapariciones se multipliquen.
La memoria de los caídos es el manantial que revitaliza la lucha de los pueblos, son las claves para evitar que las atrocidades vuelvan a repetirse, las páginas que nos dan las mejores enseñanzas para impulsar verdaderas transformaciones sociales; para revertir las desigualdades y hacer valer el estado de derecho. La memoria es para no olvidar quiénes fueron los perpetradores, para exigir castigo por los crímenes que cometieron y colocarlos en el banquillo de los acusados. En el horizonte debe brillar la justicia y poner en el centro a las víctimas como las principales protagonistas del cambio, que demandan reparación de daños y medidas efectivas de no repetición. La memoria de sus luchas es el arma más potente para derribar el muro de la impunidad y para desmontar las estructuras que expolian a la población, que banalizan la vida y la dignidad de las personas de a pie.
No podemos olvidar que la época sombría de nuestra historia, que se escribió con sangre, fue cuando se implantó la política del terror con los planes de contra insurgencia que se tradujeron en una represión generalizada contra la población civil y una persecución encarnizada con las organizaciones político-militares que desafiaron a los caciques y al poder militar. Fue demencial la frase que espetó Rubén Figueroa Figueroa en una entrevista “los desaparecidos no están desaparecidos, están localizados, y se encuentran en la panza de los zopilotes”. De manera sádica declaraba que su gobierno había cometido ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, que había utilizado de manera despiadada toda la fuerza del estado y que sin límite alguno había detenido, torturado, desaparecido y ejecutado a todos los que fueron cómplices y sospechosos de pertenecer a la guerrilla.
Arrasaron a las comunidades para desterrar cualquier atisbo de rebelión, expulsaron de sus territorios a las familias solo por llevar los apellidos de los jefes guerrilleros. Instalaron cuarteles en las comisarías para habilitarlas como centros de tortura. Impusieron cercos militares para impedir que los alimentos circularan entre la población y prohibieron que la gente trabajara en el campo para aislar a la guerrilla. Las mujeres fueron parte del botín de guerra y los vuelos de la muerte se transformaron en el tormento más cruento para imponer el terror y causar daños irreparables a las víctimas, a sus familiares y la sociedad en su conjunto. Aventar al mar desde un avión a los detenidos fueron crímenes execrables. La perversidad de los criminales era asegurarse que nunca se supiera el paradero de los detenidos-desaparecidos. No dejar rastros fue la consigna de los asesinos.
Para el doctor Rosalío Wences que en la década de los setenta fue rector de la Universidad autónoma de Guerrero caracterizaba al gobierno de Rubén Figueroa Figueroa como sanguinario: “Con el cambio del gobierno estatal, en 1975, comenzó la represión selectiva contra determinados luchadores sociales, contra varios universitarios o contra algunas escuelas en las que en ese momento tenían un mayor auge por el movimiento democrático. Es así como se debe entender la represión que se dio contra la Universidad en septiembre de 1975, al despojarla de sus instalaciones de Tuxpan, donde se ubicaba la Escuela Superior de Agricultura (ESA); perdimos los terrenos, los edificios, los laboratorios, los tractores, toda la maquinaria. Ha sido, quizá, la más despiadada y flagrante violación a la autonomía de la Universidad conocida desde 1972. Pero poco después, para detener el avance democrático y la vinculación popular de la Costa Chica, se desata la represión en contra de la preparatoria No. 5, secuestrando a su director, el compañero Eloy Cisneros Guillén… Desde 1973, el gobierno empezó a fabricar gruesos expedientes de todos aquellos que se distinguían en la lucha por la defensa de la Universidad.” En 1976 Rubén Figueroa retuvo el subsidio de la universidad y se obstinó en desaparecer las preparatorias que consideraba como centros de adoctrinamiento.
A los universitarios les decomisaba carros en los que repartían propaganda. Algunos universitarios como Pablo Sandoval abandonaron el estado por estar amenazados de muerte. La Policía y el Ejército sitiaban a cada rato el edificio docente. El mayor Mario Arturo Acosta Chaparro era jefe de todas las policías en el puerto de Acapulco, era el encargado de hacer los interrogatorios. Una de las cárceles clandestinas estaba en los antiguos talleres de la S.O.P en Acapulco.
En esos años fueron desaparecidos varios universitarios, entre ellos: Teresa Estrada Ramírez, Pablo Santana López, Victoria Hernández [Fernández] Brito, Guillermo Mena Rivera, Tanía Cascante Carrasco, Rodrigo Ramírez Martínez, Arturo Bibiano Vargas; Carlos Días Frías, Isidoro García Campos, Jacob Nájera Hernández, Félix Bello Manzanares, María Teresa Torres Ramírez, Leandro Rivera, Floriberto Clavel y Carlos Benavides Alcocer.
María Teresa Torres Ramírez fue detenida 31 de enero de 1976 tenía 3 meses de embarazo y dio a luz en el Campo Militar número 1, la relacionaban con las FAR y la vincularon con el secuestro de Telma Guadalupe Soto Ramírez. Según versiones de la policía, murió en un enfrentamiento en Aguacatillo el 29 de enero de 1976.
El 11 de noviembre de 1976 en Iguala fue secuestrada la estudiante del 9° semestre de la Escuela Superior de Agricultura Victoria Hernández [Fernández] Brito. Se le relacionó con el Comando Revolucionario 10 de Junio y con el secuestro de Enrique Pineda Cuevas. A las dos de la mañana, Víctoria regresaba a Iguala procedente de la Ciudad de México, donde había participado en un mitin frente a la secretaría de gobernación para exigir la devolución de las instalaciones de la ESA, el día anterior. A las ocho de la mañana llegaron los agentes policiacos al domicilio Rayón No. 24 donde amenazaron a sus padres, voltearon las camas con el pretexto de que buscaban armas y secuestraron a Victoria, que a esa hora estaba dormida. Con golpes y amenazas la subieron a un carro, todavía en ropa de dormir. Se la llevaron a las instalaciones de la ESA donde la torturaron. Hasta ahí se le perdió el rastro. Fue delatada por un activista apodado “Simitrio”.
Este pasado ominoso no debe quedar impune. En Guerrero son los familiares, las organizaciones sociales y organismos civiles de derechos humanos los que mantienen viva la memoria de los héroes caídos, los que saben honrar a quienes ofrendaron su vida para acabar con los gobiernos caciquiles. Lo inadmisible es que los gobernantes que se deben a estas luchas en lugar de honrar a los luchadores sociales los traiciona y agravia al homenajear al gran cacique.
