Antes que el legislativo mexiquense anunciara recorridos ¡Sorpresa! En penales de la entidad -son 23- ¡Denunciaron! Suicidios en algunas cárceles por abandono del Estado.
Falta de inclusión a un sistema de reinversión y acciones firmes para el apoyo de presos sin familia.
Con firmeza los asistentes al foro sobre penales que organizó el Congreso mexiquense, refutaron algunos puntos del posicionamiento oficial de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de México (CODHEM).
Con la ausencia de su presidenta Myrna Araceli García Morón y frente a su representante, Carlos Valdez Andrade, la voz de una mujer ex presa de una cárcel de Morelos y familiares de reos, se unieron en ese recinto legislativo.
Después que el diputado proponente de la reunión, Mario Ariel Juárez Rodríguez, justificara la inasistencia de García Morón, porque “debía firmar un convenio”, los asistentes coincidieron en rechazar como real, aspectos que expuso Valdez Andrade, visitador general de Supervisión Penitenciaria de la CODHEM.
Un asistente, que tomó la palabra, aceptó: “Reconozco su capacidad de exposición, su bagaje jurídico, aunque la realidad en los penales, es ¡Otra!
De frente al diputado y a Valdez Andrade, les manifestaron el ¡Abandono! Del interno por el Estado, lo que causa depresión, tensión y ¡Suicidios!
—Yo fui víctima de todo, narró aquella mujer de blusa amarilla con negro, quien dijo apellidarse Medina.
Con soltura precisó ante el exponente que previamente aclaro que la comisión ¡No defiende delincuentes!, sólo garantiza sus derechos, Medina afirmó:
“La reinserción social del preso, es una buena ¡Novela! Y ¡no existe!”.
No hay un modelo en ningún estado ni nunca vi el buzón de quejas, subrayó, al pedir que se ayude al ex reo, porque el Centro de Reinserción de San Antonio, tiene ¡12 años sin servicio!..
La Constitución en esa materia, agregó con soltura la fémina proveniente de la Ciudad de México, también es ¡Violada!
Sin tapujos, la madre de un preso, que dijo le fabricaron el delito de homicidio a su hijo con condena de 55, años, descalificó las aseveraciones del representante de derechos humanos.
No vengo a defender a mi hijo, que le truncaron sus sueños, soy portavoz de muchas madres que viven también esos abusos.
Incluso, uno de los asistentes, pidió a ese representante su trayectoria profesional, su curriculum y qué iniciativas o decretos han propuesto para mejorar la situación de los internos en las cárceles.
De frente, le dijo, “muchos de esos cargos, son por amiguismo, compadrazgo o por cuestiones políticas”.
La reunión, aunque cordial, se desarrolló con expresiones de denuncia, firmeza y soltura de los asistentes.
Incluso, se cuestionó que el legislador anfitrión, no dejaba el celular mientras ellos exponían.
Ante esa queja, el diputado Juárez Rodríguez, refutó: “tengo capacidad para atender muchas cosas” y no dejó de atender y textear en su celular.
Denunciaron, también sin inaccesibilidad para hablar con legisladores, porque antes, precisó uno de ellos, hay hasta cinco secretarias.
También manifestaron poca efectividad de visitadores de derechos humanos humanos cuando se denuncia abusos, extorsión y torturas contra reos.
Sin que les temblara la voz, aunque a veces se iba el sonido de transmisión, otra asistente, de un Colectivo de defensa de derechos de presos, afirmó:
“Su discurso es muy bueno, la realidad no se vive, les enviamos a ustedes casos de tortura y derechos violados, y su respuesta es –“Ya fuimos y no nos hacen caso”.
Sereno, otro participante, tomó el micrófono y refutó “los reos no tienen acceso al buzón de quejas que usted dice hay en los penales.
“A veces ni a escritos para denunciar”.
Debe haber transparencia y colocar buzones en la página web del gobierno estatal y de la comisión, sugirió.
Pidió también, que sin revelar nombres, el ciudadano tenga acceso a lo que se denuncia en los penales mexiquenses.
Otra asistente, reiteró, de qué sirve la amnistía, si no hay apoyo gubernamental.
Yo estuve en la cárcel con el abandono del gobierno, agregó.
En el foro, se manifestó el compromiso de revisar el presupuesto asignado a penales; dar seguimiento a denuncias de internos o familiares sobre violaciones a sus derechos humanos, y acompañarlos a interponer las demandas del caso.