BAJO FUEGO
Los alcaldesa paralela
José Antonio Rivera Rosales
Pareciera que los preceptos presidenciales harto conocidos -no mentir, no robar, no
traicionar- fueron dictados por su autor precisamente para burla y escarnio de los propios
funcionarios de la llamada Cuarta Transformación.
De ser un proyecto de gobierno de alcance histórico, la máxima premisa ética propuesta
por el presidente Andrés Manuel López Obrador se convirtió, de la noche a la mañana, en
una coartada para la generación de riqueza de una clase política ávida de opulencia a
costa de la propia ciudadanía a la que dice servir.
Los señalamientos primordiales contra síndicos y regidores de todos los partidos, pero
principalmente de la formacion fundada por el presidente López Obrador, se centran en el
nepotismo descarado que ha llevado a esta generacion de funcionarios corruptos a
colocar a familiares y amantes en la nómina municipal, como ha ocurrido con otras
administraciones a las que antes criticaron.
Pero no somos iguales, pregona AMLO. Pues claro que no, son peores.
Si bien la clase política que arribó al Cabildo porteño ha sido blanco de críticas por
actitudes que rayan en el cinismo y la desfachatez, hay conductas que de plano amenazan
la estabilidad política de la administración morenista y la gobernabilidad misma del
municipio.
Por lo menos esa parece ser la determinación de la síndica María Inés Mendoza
Sandoval que un día sí y otro también pregona a los cuatro vientos su predominio en el
cuerpo edilicio, al extremo de irrespetar a la misma alcaldesa Abelina Lóoez Rodríguez, de
quien se mofa en privado haciendo sentir que ella, la síndica, es el verdadero poder detrás
del trono.
El problema parece surgir de su desconocimiento de la ley municipal que establece
claramente las funciones del cuerpo edilicio, que tiene un carácter normativo, no
ejecutivo. Hasta donde todos sabemos, la jefa del ejecutivo es la alcaldesa López
Rodríguez. Que alguien se lo diga a la señora Mendoza Sandoval, por favor.
El caso es que, a espaldas de la primera edil, esta funcionaria ha tejido alianzas perversas
que tienden a concentrar ilegalmente el mando de la Secretaría de Seguridad Pública con
el fin de lucrar con el poder público.
Una de tales alianzas parece ser con el director de la Policía Vial, Alejandro Andalón, que
a espaldas de su jefe el secretario Maximiliano Serrano, toma acuerdos con la síndica
como si fueran entre la alcaldesa y su jefe de policía. Por lo menos, eso es lo que se
comenta en corrillos de la SSP municipal: que entre ambos toman decisiones que no les
competen porque creen -craso error que tendrá que pagar la verdadera titular del
gobierno- que ambos son depositarios del poder municipal.
Por lo pronto la síndica está cometiendo usurpación de funciones al tomar decisiones
ejecutivas que son facultad exclusiva del titular de la SSP.
A la síndica se le olvida -que alguien le recuerde, por favor- que su función es dictaminar
sobre asuntos relativos a los relamentos municipales, al Bando de Policía y Gobierno así
como disposiciones normativas de observancia general, según lo establece el artículo 97
del Reglamento Interior del Cabildo, siempre de acuerdo con la comisión respectiva según
el asunto de que se trate.
Queda claro que su competencia es la supervisión del orden público así como proponer
los mecanismos necesarios para optimizar el funcionamiento y operación de la
Administración Pública Municipal, de acuerdo con la legislación municipal.
El artículo 33 es mucho más explícito: “Los regidores son los encargados de vigilar y
supervisar la buena marcha de los ramos de la Administración Pública Municipal y la
prestación adecuada de los servicios públicos, sin facultades ejecutivas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 59 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de
Guerrero”.
Por si la síndica lo ignora -y, por extensión, todos los demás integrantes del Cabildo
porteño-, las funciones del cuerpo edilicio tienen carácter normativo, no ejecutivo.
Es decir, ella no puede -como lo hace en su olímpica ignorancia y prepotencia- dar
órdenes a los mandos ni los policías de la SSP ni, por consecuencia, distraerlos de sus
funciones sustantivas, que son garantizar la prevención del delito y la tranquilidad de la
comunidad acapulqueña.
Hacer lo que está haciendo la síndica al suplantar al mando policiaco municipal, es
precisamente atentar contra la gobernabilidad del municipio -particularmente asediado
por la delincuencia- y afectar la estabilidad interna del gobierno municipal.
Si la síndica está interesada en jefaturar políticamente al puerto de Acapulco, pues de
una vez que le dé golpe de estado a la alcaldesa para, ahora sí, quedarse con el pastel
completo.
¿Es que acaso Abelina no se ha dado cuenta de las andanzas de su síndica? Si estos
políticos son los que nos van a salvar, pues que nos podemos esperar.
La conducta de la funcionaria municipal es tan obvia, que ya llamó la atención de otros
actores gubernamentales y políticos que buscan el menor resquicio de debilidad
institucional para tomar por asalto el poder.
Algunos de esos actores están agazapados en el gobierno estatal, en el Congreso y aún
en el Senado de la República, que miran al gobierno porteño como lobos mirarían a una
oveja, sabedores de que este puerto es cabeza de playa para actividades ilícitas. Si ese
resquicio de seguridad queda al descubierto, la administración municipal y la población
seguramente lo resentirán.
Pobre Acapulco…
