Buenas tardes, con su venia Diputada Presidenta.

Compañeras y compañeros Diputados.

Medios de Comunicación y público que nos acompaña a través de diversas plataformas.

La suscrita Leticia Mosso Hernández, en mi carácter de Presidenta de la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos e integrante de la Representación Parlamentaria del Partido del Trabajo de la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, quiero expresar ante esta tribuna mi condena sobre la desaparición de mujeres y los feminicidios ocurridos en las últimas semanas en todo el país, en donde Guerrero no es la excepción.

En los últimos diez días, cuatro mujeres han sido asesinadas tan solo en la Región de la Montaña, teniendo como respuesta institucional el silencio y la omisión de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, de los gobiernos municipales de Tlapa, Cochoapa El Grande y Copanatoyac e incluso de instancias del gobierno del estado como la Secretaría de la Mujer, pese a la instrumentación de la Estrategia Integral de Justicia y Bienestar de las Mujeres y Niñas, mecanismo que evidentemente no logra frenar los feminicidos y demás violencias contras las mujeres de Guerrero.

Me refiero a las ejecuciones de dos mujeres, cuyos cuerpos fueron hallados a un costado de la carretera estatal Potoichán-San Vicente Amole, municipio de Copanatoyac, ambos—de acuerdo a lo consignado en diferentes medios de comunicación—con impactos de bala en la cabeza y que, según versiones periodísticas, fueron sacadas de su hogar por un grupo de hombres armados.

A las ejecuciones de esta mujeres, se suma el feminicidio de Celia, una mujer de 40 años, vecina de Tlapa de Comonfort, ocurrido una semana antes, quien fue asesinada por su expareja sentimental con una arma de fuego, en su hogar y delante de sus hijos, según reportes periodísticos locales, así como el de Delfina, una menor de edad, indígena Na Savi, de la comunidad de La Barca, del municipio de Cochoapa El Grande, fue privada de vida al amparo de la noche y la impunidad, en el lugar donde dormía.

El asesinato de estas mujeres sin duda es lamentable, pero más lo es que sobre estos hechos los gobiernos municipales de Copanatoyac, Tlapa y Cochoapa El Grande no se hayan pronunciado oficialmente y que la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de la Mujer guarden silencio, lo que evidencia la falta de un Plan Emergente para frenar las acciones feminicidas contra nosotras las mujeres, como lo exige la Alerta de Violencia de Género.  

Tampoco parece haber un plan sectorial que ponga freno a la inacción y omisión por parte de las autoridades, para atender un problema tan grave como lo son el feminicidio y la desaparición de mujeres.

Por ello, desde aquí les recuerdo a las autoridades ministeriales que todos los homicidios de los que he dado cuenta, en tanto muertes violentas de mujeres, deben ser investigadas como feminicidios y no como homicidiosdolosos.

Lo anterior implica aplicar la perspectiva de género y un enfoque diferenciado, porque son mujeres, porque son indígenas y al menos en un caso, porque se trata de una menor de edad.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado: toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada de oficio como feminicidio, para tratar de identificar posibles connotaciones discriminatorias por razón de género, particularmente cuando el acto se enmarca en un contexto de violencia contra la mujer en una región determinada, en este caso, La Montaña de Guerrero.

Bajo esta obligatoriedad legal, el máximo tribunal del país, ha establecido que las diligencias que se realicen deben poner especial énfasis en los motivos o razones de género que originaron la muerte de la mujer y entre las que se encuentran el que el homicidio haya sido ejecutado por su pareja o ex pareja sentimental, que se cuerpo haya sido exhibido, mutilado o que presente signos de abuso sexual, que haya antecedentes de violencia familiar, entre otros.

Precisa además que la eficacia de la investigación se relaciona directamente con las pruebas técnicas que realizan los peritos, por lo que resulta importante cuidar la escena del crimen, algo que pocas veces sucede, para determinar si el cuerpo presenta signos de defensa y lucha o violencia crónica anterior.

Compañeras y Compañeros Diputados:

Realmente, es alarmante e indignante que hechos como los que he descrito tengan como respuesta el silencio y la omisión institucional, en un contexto creciente de violencia feminicida e institucional contras las mujeres.

         Según datos del Secretariado Ejecutivo, en el último trimestre de 2022, se han registrado 229 feminicidos y 628 homicidios dolosos en todo el país, de los cuales dos feminicidios y 29 homicidios dolosos han ocurrido en Guerrero. Estas cifras de entrada suponen un subregistro de los asesinatos de mujeres en este estado, cuando se comparan con registros periodísticos del estado que dan cuenta de la muerte y desaparición de mujeres casi todos los días.

         En zonas rurales e indígenas, como la Región de la Montaña, la omisión institucional parece aún más grave si estos registros se contrastan con cifras estadísticas de la ENDIREH (Encuesta Nacional Sobre Dinámica de las Relaciones en los Hogares) que señalan que 41% de las mujeres de zonas en donde se habla alguna lengua originaria en Guerrero, declara haber vivido al menos alguna agresión por parte de su esposo o compañero sentimental a lo largo de la relación de pareja, porcentaje 2.3 puntos mayor al del resto de zonas hablantes de alguna lengua del país.

Por lo anterior y ahora que desde el Poder Legislativo tenemos la obligación de revisar el Plan Estatal de Desarrollo, hago un llamado respetuoso a mis compañeras y compañeros para que nos cercioremos que este documento, rector de la política de Bienestar para las y los guerrerenses, cuente con estrategias integrales para preservar la integridad y vida de las mujeres, así como con planes emergentes que eviten la repetición de hechos tan lamentables como los feminicidios a los que me he referido.

Adicionalmente, desde esta Tribuna, en mi calidad de Presidenta de la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos de esta Soberanía y representante del Partido del Trabajo hago un llamado respetuoso a los tres niveles de gobierno, para conocer con detalle en qué consiste la Estrategia Integral de Justicia y Bienestar de las Mujeres y Niñas.

Las y los guerrerenses necesitamos saber a qué obligan los acuerdos de colaboración con los gobiernos municipales, en el marco de la Estrategia. ¿Cuál será la participación del Gobierno del Estado? ¿Cuál es la aportación de la Federación, en la atención de un problema que, como se ha dicho desde la Secretaría de Gobernación, debe ser una tarea de Estado? Prevenir, Atender y Erradicar las violencias contra las mujeres y niñas de nuestra entidad, requiere de una acción coordinada con responsabilidades particulares para todas y todos, presupuestos definidos y acciones específicas.

Plantear como componentes de esta Estrategia: infraestructura básica; el acuerdo comunitario a través del diálogo con los representantes de las comunidades para erradicar los matrimonios forzados en las niñas y el fortalecimiento en la atención y apoyos psicológicos y acompañamiento legal, como se ha informado escuetamente, no es, ni ha sido suficiente para preservar su vida y mucho menos para garantizar su acceso a la justicia y su bienestar.

Hacer frente a la emergencia que representan las muertes feminicidas de las mujeres, particularmente de las más pobres, a las que el Estado y las instituciones que lo conformamos no hemos sabido garantizar los satisfactores mínimos: techo, comida, escuela y seguridad, de aquellas mujeres que no tienen el acceso a las redes sociales, a los medios de comunicación, requiere de acciones emergentes que vayan más allá de la obligación de infraestructura básica;

Necesitamos hacer de nuestros municipios, lugares seguros para las mujeres y niñas; territorios con justicia y sin impunidad; con diálogo, pero sin dejar de sancionar los delitos que se cometan al amparo de los usos y costumbres y la omisión de las instituciones del Estado; reforzar las atenciones jurídicas y psicológicas de las mujeres y niñas que viven violencia es una obligación mínima; su prevención, como garantía de no repetición, es el reto de todos y todas.

Es cuanto!  ¡Muchas gracias!