Sara Lovera

SemMéxico, Ciudad de México, 27 de enero del 2023.- En México las mujeres son despojadas de su humanidad, parece que esperan la muerte en cada esquina, ante la mirada indiferente de muchos gobernantes y con la complicidad de quienes deberían hacer justicia.

De 2018 a la fecha la violación sexual creció 26 por ciento; la violación equiparada 151 por ciento y el abuso sexual un 77 por ciento, quienes la viven sienten que. “nos ha arrebatado nuestra dignidad”, por eso es una tortura, delito que, como tortura sexual contra mujeres y niñas, debe ser incorporado a la ley.

Los datos oficiales -no confiables- hablan de 15 mil 751 mujeres violadas en 2022 y 7 mil 461 niñas y niños menores de quince años, y personas con alguna discapacidad, 63 todos los días, en el 4º año de gobierno de esta administración, donde campea el populismo punitivo y la prisa por mostrar que los delitos contra la vida de las mujeres van a la baja.

Por eso Lorena Villavicencio Ayala, del grupo Rebeldes con Causa, exdiputada del partido Morena se pregunta “por qué no existe una política integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar un delito que es tan grave como la violación sexual”, porque el riesgo es permanente para las mexicanas, porque se sigue arrebatando nuestras vidas”, para anunciar que ya existe una iniciativa que pronto será presentada, para considerar a la violación sexual y lo que de ella se deriva, como tortura.

Vehemente, preocupada este miércoles así dijo en su participación en el Foro Nacional Radiografía de México: Los datos oficiales y la realidad de la violencia contra las mujeres, que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, una de las 9 expertas y activistas, que dijeron a las y los legisladores que se necesita actuar y reorientar la política de género en esta administración.

Dijo más: la violación sexual despoja a las mujeres, las cosifica, las fractura e inhabilita para la vida. Eso lo saben bien los y las de este gobierno y también saben que el delito de violación sexual, genera otras violencias como la denegación de un aborto oportuno, seguro y gratuito, permita el embarazo forzado, los matrimonios infantiles forzados, la prostitución forzada, la explotación sexual y el suicidio. “El daño es tan profundo y puede tardar en sanar toda una vida”.

El azoro en el auditorio generó, por instantes, un completo silencio, y pararon las fotografías, en un foro que fue convocado por Nosotras Tenemos Otros Datos y Todas México. Una vez más quedó al descubierto cómo el ejercicio de la justicia encubre este delito, reconocido en México desde 1931 -aunque las penas eran risibles- y documentado profusamente en nuestro país y en el mundo.

Por eso dijo, en el escenario de no contar sólo los datos, o exponer casos emblemáticos y mediáticos, sino poner en el centro que las mujeres en México “estamos en riesgo permanente porque la violencia feminicida sigue”, mientras la estadística “sin ningún rubor” señala que los feminicidios arrancan vidas diariamente, tanto que México está colocado ya, en el panorama internacional, en los primeros lugares en el mundo.
Luego explicó, sobre la violación sexual directa y equiparada está convirtiendo a las mexicanas “en mercancías para satisfacer deseos sexuales o para alimentar con nuestros cuerpos el siniestro placer de la dominación. El machismo sabe que su supervivencia está anclada en el viejo mandato femenino, solo ahí recrea su potencia o su poder frente a otros”.

“Bajo esa amenaza que nos violenta y viola, vivimos las mujeres y las niñas en este país, esperando la muerte en una esquina o en nuestros propios hogares, ante la mirada indiferente de muchos gobernantes y con la complicidad de quienes deberían hacer justicia”.

Exresponsable de la subcomisión del feminicidio en la pasada legislatura, la militante feminista y política, miró al público le dijo: “Cualquiera podría pensar que mis palabras son meras profecías o predicciones, pero la realidad es todavía más cruenta”.

Agregar lo que se vive, el miedo, la inseguridad a la estadística que oficialmente reconoce que 63 mujeres o niñas son violadas diariamente y 91 abusadas sexualmente. Y nada más hablan de que bajan o suben los asesinatos.

Fue cuando dijo que los datos emanados de Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Seguridad Pública sólo muestran una porción del total de delitos que se cometen contra la libertad y seguridad sexual, y fríamente reconocen que estas conductas graves han venido aumentando desde el 2018 a la fecha.

Manipulan lo que llaman consentimiento

La violación es un delito, que quien lo comete lo hace por medio de la violencia física o moral y realice cópula con persona de cualquier sexo, a quien se le imponen como pena de ocho a 20 años de prisión.

La violación equiparada sanciona con 8 a 30 años de prisión al sujeto que, sin violencia realice cópula con persona menor de 15 años de edad; al que realice sin violencia cópula con persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo.

Entonces precisó, se trata de 15mil 751 mujeres violadas el año pasado, y 7mil 461 niñas y niños menores de quince años, y personas con alguna discapacidad en el mismo periodo.

La consecuencia de que no exista la política de prevención –“debo decir que todas estas violaciones pueden prevenirse”- es porque los gobiernos quieren generar percepción de cambio, rápido – con eso de las cifras fías y que dicen hacia abajo- y siguió explicando: los programas de prevención trabajan en las causas que originan la violencia como lo es la reproducción de la desigualdad entre hombres y mujeres, con grandes desventajas para nosotras, la pobreza que pone en condición de vulnerabilidad a mujeres y niñas, convirtiéndolas en presas fáciles para la trata o la prostitución forzada, entre otras, pero no hay eso.

Por eso se hace indispensable invertir recursos públicos en la promoción de la igualdad sustantiva y en el conocimiento y apropiación de los derechos humanos.

Pero no: “los gobiernos prefieren programas de atención como el 911, donde no se da una atención personalizada y especializada a las mujeres violentadas”, lo más grave, dijo que no se da seguimiento a estas llamadas.

Para el gobierno la atención y la sanción de las violencias es absolutamente marginal, porque las víctimas prefieren no denunciar antes cruzar el umbral del sistema de justicia, sabiendo que, quienes sí denuncian, son revictimizadas y al final el agresor es intocable.

Se lamentó que vivamos en una sociedad que ha naturalizado la violencia sexual de las mujeres, a pesar de que las feministas “estamos haciendo un esfuerzo permanente para deconstruir esa creencia”.

Luego criticó: hay quienes promueven el populismo punitivo como política de disuasión o de prevención del delito de feminicidio. El problema es que el castigo con penas severas no llega al feminicida por las grandes deficiencias del sistema de justicia, dijo.

Obstáculos que los justifican:

En el caso de la violación sexual, las víctimas se enfrentan a problemas como la ausencia de pruebas, porque son delitos que se cometen en un espacio donde no hay testigos normalmente, más que el agresor o agresores y la víctima.

Las víctimas se enfrentan a una autoridad que no cree en el testimonio de la víctima, aun cuando a nivel internacional, la declaración de la víctima es la prueba fundamental para acreditar el delito de violación.

Por otra parte, a la víctima que no ofreció resistencia se le hace sentir responsable. “Porque en este país se descarga en las mujeres la responsabilidad de establecer límites a los hombres y sus inevitables impulsos también naturalizados. El hombre no responde por sus impulsos, ni por sus actos.

También explicó la manipulación del verbo “consentir”, que parece como un verbo femenino inscrito en una lógica en la cual, las mujeres son exigidas socialmente para resistir o conceder; los hombres, para buscar activamente el consentimiento femenino.

Cuando fiscales y abogados alegan aceptación en el marco de una denuncia por Violación, la víctima se vuelve sospechosa de ser consintiente: activas sexualmente, participante voluntaria, culpable.

La exdiputada morenista hizo propuestas

  1. Necesitamos presupuesto para impulsar políticas que promuevan la igualdad sustantiva para frenar la reproducción de relaciones desiguales entre hombres y mujeres.
  2. Recursos para promoción permanente de los derechos humanos y particularmente de las mujeres, impulsar programas para nuevas masculinidades y también feminidades.
  3. Requerimos un programa de educación sexual integral en las escuelas, para que la niñez y los jóvenes conozcan su cuerpo y se apropien de él. Programas que no estigmaticen la sexualidad placentera y libre, pero responsable.
  4. Necesitamos un compromiso político y económico claro hacia el sistema de justicia de este país para dignificar su labor, dándoles condiciones materiales y económicas para realizar sus funciones cabalmente.
  5. Establecer mecanismos para verificar cumplimiento de responsabilidades de los ministerios públicos y fiscales.
  6. Capacitaciones exhaustivas para juzgar en perspectiva de género adaptando el principio de interseccionalidad.
  7. Revisar todos los delitos sexuales, homologando tipos penales, alcances y penalidades. Así como establecer la minoría de edad en los términos que establece la Convención del Niño, que señala que es menor de edad la persona menor de 18 años.
  8. Eliminar el delito de estupro, por tratarse de un salvoconducto para violar a menores de edad bajo el pretexto del convencimiento.
  9. Impulsar el Código Penal Único.
  10. Establecer un padrón de agresores sexuales y un apartado de agresores de violencia doméstica.
  11. Establecer juzgados especializados en delitos sexuales.
  12. Establecer un protocolo para identificar posible violación sexual para mujeres y niñas desaparecidas y localizadas con vida.
  13. Impulsar iniciativas de hombres y jóvenes sobre nuevas masculinidades.

Lo más importante: “Reconocimiento del delito de tortura sexual contra mujeres y niñas, que será presentada iniciativa en próximos días”

SEM/MG

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