TRAS BAMBALINAS. DESUNION DE PODERES
Por JORGE OCTAVIO OCHOA. En el aniversario de la Constitución, López Obrador pintó su raya claramente: las Fuerzas Armadas a su lado y los Poderes Legislativo y Judicial en un rincón.
Y fue algo más que anecdótico. Una semana antes, un juez federal había otorgado otra suspensión definitiva para detener el tramo 5 del Tren Maya, pero por órdenes de López Obrador, Fonatur desobedeció la orden y sigue la construcción.
Puestas así las cosas, la foto del 5 de febrero del 2023 pasará a la historia. Es el momento exacto de la ruptura y el recrudecimiento de la actitud amenazante de un Ejecutivo que no ha respetado la Constitución ni las leyes.
“Si los de antes no lo hicieron, porqué habría de hacerlo yo”. Esa es la reflexión profunda de una mente autoritaria, que pone en práctica justo lo que critica de los gobiernos anteriores: prepotencia, abuso del poder.
El amparo de la ley tampoco es ya un recurso. Desde el 2021 vemos como el actual régimen ha implementado una estructura de Tribunales de Consigna, que opera desde la mismísima capital de la República.
Por lo menos es lo que se descubrió desde ese año en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Todos los amparos y juicios del Nuevo Aeropuerto en Texcoco y del de Santa Lucía que fueron concentrados ahí, se vieron “prejuzgados” por un criterio previo a los amparos.
Ninguna de esas dos instancias judiciales podía ir en contra de lo que ya habían dictaminado sobre el beneficio del nuevo aeropuerto. Peor aún, con el ex presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, el caso se ventiló de forma extraña.
La oficialía de partes de la Suprema Corte remitió a la Primera Sala las solicitudes de atracción de los juicios, cuando es la Segunda Sala a la que corresponde conocer, porque es la especializada en Materia Administrativa.
Al menos esto fue lo que denunciaron en diciembre de 2021 los abogados Luis Miguel Cano, Mario Victoria y José Luis Guerrero, cuando representaban al Colectivo Ciudadano “Más Seguridad Aérea, Menos Ruido”.
Paso a paso, Andrés Manuel López Obrador ha empezado a crear una estructura donde todo se mueve -cree él- conforme a su voluntad y para ello necesita cada vez más cerca y leales a las Fuerzas Armadas.
Por eso todas las concesiones y nuevas facultades administrativas que les ha otorgado tanto al Ejército como a la Marina y ahora a la Fuerza Aérea Mexicana, que tendrá su línea comercial, sus aeropuertos y hasta su hotel.
Para esto, AMLO necesita desbaratar toda institución no sólo que se le oponga, sino que signifique el rastreo de sus acciones. Por eso ya está en camino la liquidación del INE y la muerte del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI)
El combate a la corrupción ha quedado en mero discurso dialéctico. Sabemos, por ejemplo, el tipo de negocios que se hacen en Pemex, la empresa estatal por excelencia, que es la menos productiva del mundo.
El gobierno de la 4T otorgó un contrato a la empresa Interconecta SA de CV por mil 256 millones de pesos. Pero no fue para construir ductos o sistemas de seguridad. Es para fotocopias. Hasta el momento, la noticia no ha sido aclarada.
Por eso, a López Obrador poco le importa que el INAI no se pueda reestructurar, pese a que desde el 1º de abril del año pasado dicho instituto tiene 2 vacantes. El pleno ha funcionado con 5, aunque la Constitución ordena tener 7.
El problema es que el 31 de marzo del 2023 concluye el periodo de otro de los comisionados, lo que deja sólo con 4 miembros a ese Instituto. Es evidente, que AMLO intenta paralizar al INAI.
Sólo hay que recordar que “La casa gris” de su hijo José Ramón en Houston, la contratación de “médicos” cubanos, la rifa del avión, las casas de Bartlett, entre otras, son asuntos que se dieron a conocer gracias al INAI.
Lo evidente es que, bajo un criterio autoritario, él quiere pulverizar todo organismo autónomo e independiente que le signifique una amenaza para sus propósitos. El INAI es uno de esos, al igual que la UNAM.
Sin definición de las propuestas para sustituir a los faltantes, la Corte tendrá que intervenir vía amparos. Seguramente se le ordenará y a regañadientes, el mandatario intentará instalar a incondicionales, que sería el menor de los males.
Pero, para ésta, su segunda etapa de entronización en el Poder, López Obrador prepara sus “alfiles” -que son otro tipo de corcholatas-, que obedezcan ciegamente sus órdenes, como si se tratase de un credo.
Ahí está el caso de Carla Humprey, consejera del INE, quien descalificó al presidente del Instituto por cuestionar el Plan B de López Obrador. Ella es la única que lo defiende. Ella es esposa del ex titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo.
El futuro del país es rojo sangre. No se ve en el horizonte otro tono cromático más que lo guinda. Hay un pulular de chalecos, de “Servidores de la Nación”, promocionando las pensiones de adultos mayores y las becas de Jóvenes.
Para eso se prepara Gabriel García Hernández, ex coordinador nacional de los Programas para el Desarrollo. El senador morenista fue quien preparó a los más de 19 mil “Servidores de la Nación”.
Él fue el apoderado legal de esa fundación o fideicomiso “Honestidad Valiente A.C.”, desde donde operó en el PRD para fondear de recursos a López Obrador. Fue acusado de lavado de dinero de las campañas del 2006 y 2012.
Él ya se reunió con René Bejarano y Dolores Padierna. Preparan la estrategia. Ya conocemos los antecedentes de las maletas y las ligas. Nada loable se espera de ellos.
Por ello, lo del 106 aniversario de la Constitución es sólo un anuncio premonitorio: El Ejecutivo cada vez más lejos de los Poderes Judicial y Legislativo y más y más cerca de la Defensa y Marina. Tiempos aciagos nos esperan.
