Sigue trata de migrantes en la Frontera Sur

Al ordenarse la presencia de una Guardia Nacional conformada al vapor en junio de 2019, y su desplazamiento inmediato a la ribera poniente del río Suchiate, para crear un “muro” militarizado que impidiera el flujo migratorio centroamericano hacia Estados Unidos, desde Palacio Nacional se dispuso también que el control total de los extranjeros indocumentados detenidos y en tránsito, pasaría del Instituto Nacional de Migración, al nuevo organismo de seguridad nacional.

Una medida que desconcertaría, pero sobre todo molestaría a los mandos principales del INM en la capital del país, pues con ello, la presunción de que se empezaría a dar fin al negocio de la trata, en cuanto a su desplazamiento ilegal, tanto por la vía aérea como terrestre, desde Chiapas hasta la Frontera Norte, que por muchas décadas hizo posible de manera permanente, ganancias millonarias en dólares mensuales, al actuar en contubernio con bandas internacionales de traficantes de migrantes de 52 países del mundo.

Cumplimiento de la consigna de militarización de la Frontera Sur, con elementos del Ejército y de la Armada, para realizar la operación del cierre del círculo de subordinar a la autoridad civil en materia de inmigrantes de los cinco continentes, a los mandos castrenses, que asumieron nuevas tareas para las cuales no estaban preparados.

De pronto, todas las decisiones e iniciativas de la Delegación estatal  de la institución dependiente de la Secretaría de Gobernación, quedarían en manos de personal no capacitado e incluso ignorante de la problemática que por aquellos días desbordaba la división territorial internacional entre México y Guatemala.

Pronto se darían cuenta los altos jefes de las Fuerzas Armadas, que la encomienda principal  de poner un alto, con su presencia sustentada más que nada de valor, apoyados por un grupo de policías militares antimotines que portaban su emblema en el brazo izquierdo, resultaría ineficaz, al prohibirse el uso de las armas de fuego como forma de inhibición, al ser embestidos por una avalancha humana, que lo mismo les lanzaba piedras o se enfrentaba a golpes con los soldados y marinos, para que los dejaran pasar a territorio mexicano.

Dejaría entonces a un lado la Guardia Nacional, la responsabilidad del manejo migratorio, al acumularse decenas de miles de indocumentados en Tapachula y los municipios circunvecinos, al no continuar la autorización y entrega de los salvo conductos para avanzar hasta los estados mexicanos vecinos de la Unión Americana.

Devolución al Instituto Nacional de Migración, de las funciones que por ley le competen desde su creación, lo cual llenaría de alegría a quienes desde todos los niveles a lo largo y ancho de la geografía nacional, se han enriquecido siempre con la cada vez más importante industria del trasiego de personas extranjeras hacia Estados Unidos.

Si bien al principio se mostrarían prudentes y cesarían las lucrativas actividades, que se efectuaban sin el menor recato, antes de la formación y desplazamiento por lo menos un millón de seres humanos, mediante caravanas que desde octubre de 2018, salieron desde Honduras a territorio mexicano, en la búsqueda del “sueño americano”.

Algo así como el complaciente programa para agradar el proselitismo reeleccionista del entonces Presidente Donald Trump,  de “viaje a Estados Unidos con todo pagado”, financiado en principio por la Administración de Enrique Peña Nieto y luego por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La oferta exageradamente cumplidora, hasta que Washington le puso fin, al desbordarse la cantidad requerida en la deportación como sello de la Casa Blanca, que incluía el permiso migratorio del INM, para un tránsito intocable por suelo mexicano, a bordo de autobuses  de lujo (ETN), con asientos cómodos y reclinables, ventanas panorámicas, pantallas para el entretenimiento cinematográfico, aire acondicionado, dos baños y viáticos para gastos durante el traslado.

Ahí se mezclarían hondureños, árabes, cubanos, haitianos, guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, chinos y africanos, que nunca se imaginaron que tan fácil les resultaría entrar ilegalmente a México y posteriormente a Estados Unidos.

Bueno, la complacencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a tal grado, que ofreció aún siendo mandatario electo, un mínimo de 60 mil empleos a quienes se abstuvieran de continuar su viaje y quedarse en Chiapas.

Y vaya que le tomaron la palabra, principalmente los cubanos, cuando vino la contraorden de frenar el flujo migratorio, bajo amenaza de Washington, de aplicar aranceles de junio a octubre de 2019, hasta de un 25 por ciento a las importaciones mexicanas, si no se “blindaba” la Frontera Sur, para evitar mayores desplazamientos.

Los habitantes de la Región Soconusco, vecina de Guatemala, quedarían más que asombrados cuando el canciller Marcelo Ebrard Casauobon, se comprometiera a nombre del soberano de Palacio Nacional, desplazar de inmediato a los límites con la república chapina, a seis mil elementos de la Guardia Nacional que para entonces únicamente figuraba en las páginas del Diario Oficial de la Federación, donde se publicaría el decreto del Jefe del Ejecutivo Federal, que la constituía.

Al día siguiente del anuncio, aparecerían en la ribera poniente del Suchiate, en la jurisdicción municipal de Ciudad Hidalgo (la “tijuanita chiapaneca), un contingente de no más de 500 efectivos armados y uniformado con ropajes que portaban en sus chalecos blindados, las siglas de la Marina y del Ejército Mexicano.

Aparición con presencia impactante, pues nunca antes se había concentrado tanto personal militar, que posaría para las fotos de las cámaras gubernamentales y periodistas locales y de la capital nacional, así como de Guatemala.

El error de junio, de no utilizar las vestimentas oficiales de la Guardia Nacional, que con anterioridad se habían promocionado en los medios de comunicación del centro del país, se ha ido corrigiendo con el paso de los ocho  meses transcurridos, no así la cantidad, que en su momento no ha superado los mil efectivos.

Lapso en que oficialmente el Instituto Nacional de Migración, reconocería que después de cancelar los permisos de tránsito al interior del país, quedarían varados en los últimos meses de 2020, unos 50 mil extranjeros, cifra que informaría había aumentado a 60 mil en los últimos días de la mitad de febrero.

Pero las estimaciones no se apegan a la realidad al carecer de un censo, debido a la gran dispersión de una población que se ha ubicado por todos los rumbos de la segunda urbe chiapaneca, en número que supera fácilmente los 100 mil, pues se les puede observar su desplazamiento sin ninguna preocupación o temor por ser detenidos y deportados.

Una gran mayoría de gente de color, provenientes de países tan distantes como República de El Congo, Angola, Sierra Leona, Nigeria, Camerún y otras naciones más de Africa, que junto con haitianos se confunden físicamente y se diferencian sólo al hablar, por el acento francés de los caribeños.

Ocurre lo mismo con los cubanos, que se distinguen por ser blancos y de mejor porte físico y de ropaje, que con mayor capacidad económica, disfrazan su estancia, mientras les llega el momento de partir mediante el pago de elevadas cuotas en dólares a los agentes de del INM, mediante la participación de sus enganchadores que tiene el compromiso de llevarlos hasta Miami, Florida.

Pago con presupuesto federal, de 200 pesos por cuatro horas de actividad laboral, a jóvenes mujeres y hombres, cuyo desempeño consistente en barrer calles y recoger la basura en tambos, donde es posible verlos siempre en grupos, con sus lentes para protegerse de los rayos solares y vestidos como si fuesen a la playa.

Enojo de la población chiapaneca-mexicana de la Región, que se mantiene desempleada y que cuando logran ocupar una plaza de salario mínimo, ganan no más de 130 pesos por ocho horas o más de jornada intensa.

Reactivación del negocio del tráfico de indocumentados por agentes y jefes de todos los niveles del Instituto Nacional de Migración, en una situación por demás ilícita y condenada por la Organización de las Naciones Unidas ONU), aparentemente desconocida por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que contradice la doctrina retórica sexenal, de combate a la corrupción.

Libre paso por toda la faja fronteriza del lado chiapaneco que se extiende a la parte tabasqueña, por donde todo se puede si hay dólares de por medio, que hace posible el tránsito de decenas de miles, a bordo de vehículos oficiales, particulares y trailers.

Hacinamiento de adultos y menores de edad de ambos sexos, que en algún momento son descubiertos por policías al margen del negocio, que los descubren cuando revisan las unidades, muchas veces como resultado de una inspección o de una llamada de auxilio al 911, como es posible constatar con más frecuencia.

Un negocio por demás redituable, que en años pasados llegó a tener ganancias hasta de 10 millones de dólares mensuales, al utilizar la ruta aérea Tapachula-Distrito Federal-Tijuana, así como Ciudad Juárez, Matamoros, Reynosa, por citar las más importantes conexiones. La mejor época sería cuando llegaron a operar de manera conjunta Aeroméxico, Taesa, Aviacsa y Volaris, con vuelos al 100 por ciento de su capacidad, independientemente del uso de empresas de autobuses con destinos en el centro y norte del territorio nacional.

Ganancias que se acumulaban para la mafia de trata de seres humanos que involucraba alcaldes de los municipios fronterizos, que vendían al mejor postor inmigrante, actas de nacimiento que con un simple maquinazo y billete grande de por medio, los convertía en mexicanos, que les permitía sin ningún problema tramitar su credencial de elector, la cual también los indocumentados de

menores recursos económicos, obtenían clonada en centros clandestinos de la guatemalteca Tecún Umán, vecina de Ciudad Hidalgo.

Muchos años de bonanza para agentes y delegados que a diario exigían “sus canicas”, porque tenían que enviarlas hasta la posición más alta en la ciudad de México y así tener contentos a sus superiores y la certeza de continuar como gerentes de comercialización del Instituto Nacional de Migración.

Hoy, el problema aparentemente sin riesgos por la vocación pacífica del porcentaje mayor de inmigrantes, empieza a tomar características nada convenientes para la paz social en la Frontera Sur de México, al agravarse todavía más el desempleo local, al cerrarse negocios establecidos durante muchos años por inversionistas locales,  que les hace más difícil obtener el ingreso para alimentarse.

Un ambiente más complicado desde hace casi un año, en que se reconocería a nivel federal la existencia de la pandemia provocada por el Covid-19, que continúa causando estragos en la población en general, cuyos números alarmantes no se registran por parte de  la Secretaría de Salud.

Arraigo natural creciente de los indocumentados, que aún no se estudia en lo más mínimo, al registrarse miles de nacimiento de niños de padres extranjeros, que en automático se convierten en mexicanos, concediendo opciones de nacionalidad y consecuentemente no deportación, a sus progenitores.

Tiempos de riesgos a la alza, en una Frontera Sur que sigue sin ser atendida por una Administración Federal, que se apoya en el método de la distracción, como forma de gobierno.

Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.

Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y Comunicadores por la Unidad A.C.