El informe mundial de la organización Human Rights Watch sobre México revela el estancamiento en derechos humanos y acceso a la justicia.

 Entre los problemas más persistentes en derechos humanos es el abuso de militares, la tortura, detenciones arbitrarias y desapariciones.La organización Human Rights Watch (HRW) alertó este jueves en su informe anual sobre los retrocesos democráticos experimentados en 2023 por varios países de América Latina gobernados por líderes que socavaron la separación de poderes. La directora para América Juanita Goebertus, durante la presentación del informe en Sao Paulo, expresó que “desafortunadamente, no ha sido un buen año para los derechos humanos en la región”.En el capítulo de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra bajo intensas críticas tras la publicación del informe de Human Rights Watch, que destaca la falta de avances significativos en materia de derechos humanos. Desde su asunción en 2018, López Obrador ha recibido denuncias sistemáticas que van desde la violencia criminal extrema hasta abusos contra migrantes, ataques a periodistas independientes y defensores de derechos humanos, tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.Aunque se reporta una disminución en la tasa de pobreza durante su presidencia, pasando del 41.9% en 2018 al 36.3% en 2022 según la agencia oficial de análisis de la pobreza, la pobreza extrema no ha experimentado cambios significativos, y el acceso a la atención médica se ha más que duplicado.

Seguridad y Acceso a la JusticiaSegún el informe de Human Rights Watch (HRW), las tasas de crímenes violentos en México han experimentado un aumento significativo desde el inicio de la “guerra” contra el crimen organizado en 2006. Aunque la tasa de homicidios disminuyó de 28 por cada 100,000 personas en 2021 a 25.9 en 2022, el informe destaca que aún se encuentra entre las más altas a nivel mundial. Dos tercios de los homicidios en 2022 fueron perpetrados con armas de fuego, y se estima que aproximadamente el 70 por ciento de las armas utilizadas en delitos son introducidas ilegalmente desde Estados Unidos.El sistema de justicia mexicano, según HRW, enfrenta desafíos significativos en términos de rendición de cuentas por crímenes violentos y violaciones de derechos humanos. El informe revela que alrededor del 90 por ciento de los delitos nunca se informan, un tercio de los delitos informados nunca se investigan y solo se resuelven casi el 16 por ciento de las investigaciones. Este porcentaje incluye resoluciones en la corte, mediación o compensación, lo que implica que las autoridades resolvieron poco más del 1 por ciento de todos los delitos cometidos en 2022.Tortura y Detenciones ArbitrariasEn el informe se pone de manifiesto que la tortura es ampliamente practicada por la policía, fiscales y soldados en México con el objetivo de obtener confesiones y extraer información, además de generar acusaciones falsas. Según la encuesta más reciente realizada por la oficina de estadísticas nacionales de México en julio de 2021, casi la mitad de los encuestados, que se encontraban bajo custodia, afirmaron haber sido sometidos a abusos físicos por parte de la policía o soldados después de su detención. Entre aquellos que confesaron un delito, el 38 por ciento afirmó que lo hicieron únicamente porque las autoridades los habían golpeado o amenazado.El informe destaca que las autoridades recibieron al menos 15,904 denuncias penales por tortura entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2023, según un registro nacional creado por la Fiscalía General de la República. Este dato, sin embargo, no refleja la verdadera magnitud de la práctica de la tortura en México, siendo la misma FGR una entidad que opera con esta práctica para cerrar casos judiciales. Al igual que las detenciones arbitrarias, que en contraste con datos estadísticos del Instituto Nacional Electoral hay 93 mil personas privadas de libertad con más de dos años sin sentencia.En este sentido, el informe resalta la responsabilidad de las autoridades en la rendición de cuentas y la implementación de medidas que promuevan un sistema de justicia transparente y respetuoso de los derechos humanos.

Abusos MilitaresEl informe de la organización de derechos humanos también destaca que el presidente López Obrador ha dependido en gran medida del ejército para la seguridad pública, pero las fuerzas armadas han estado involucradas en abusos graves. Los datos gubernamentales indican que desde 2007 hasta julio de 2023, el ejército ha matado a 5,488 civiles. Además, se ha señalado el uso del software espía Pegasus para espiar ilegalmente a defensores de derechos humanos, periodistas, políticos de oposición y altos funcionarios del gobierno.En 2019, con el control del Congreso por parte del partido de López Obrador, se disolvió la Policía Federal y se introdujo la Guardia Nacional, una fuerza militar, como reemplazo. El informe revela que, hasta agosto de 2023, más de 266,000 soldados, marinos y miembros de la Guardia Nacional estaban desplegados en el ámbito doméstico.La falta de transparencia en la investigación de abusos pasados, como la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa en 2014, y la obstrucción de la verdad hasta la presente adminsitración han generado críticas y desconfian de los familaires de las víctimas. En julio, el grupo de expertos internacionales independientes cerró su investigación, alegando la obstrucción militar y mentiras por parte del gobierno mexicano.

DesaparicionesHuman Rights Watch (HRW) destacó preocupaciones significativas sobre la transparencia en la gestión de personas desaparecidas en México. En el informe alude a que el presidente López Obrador ha afirmado que la cifra oficial de más de 110,000 personas desaparecidas en su gestión ha sido deliberadamente inflada para dañar su imagen política.En respuesta a la creciente cifra de desaparecidos, en junio, el presidente anunció un nuevo “programa de búsqueda” en el que funcionarios contactan a las familias de los reportados como desaparecidos para preguntar si han regresado por cuenta propia. Sin embargo, en agosto, la jefa de la Comisión Nacional de Búsqueda renunció tras alegaciones de que el gobierno le pidió manipular los datos para “reducir” el número de personas desaparecidas. La falta de transparencia en el proceso de nominación del nuevo jefe de la comisión, un funcionario de la Secretaría de Educación, generó suspicacia tanto en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México como en numerosos colectivos de víctimas.En diciembre, el gobierno anunció que había revisado el registro de personas desaparecidas y afirmó que solo alrededor de 12,000 personas estaban “confirmadas como desaparecidas”. El informe de HRW subrayó la necesidad urgente de abordar el problema de la transparencia en la gestión de personas desaparecidas y garantizar que los datos se manejen de manera objetiva y con el respeto necesario hacia los derechos humanos.Migrantes y Buscadores de AsiloCriminales y funcionarios gubernamentales victimizan a personas que migran por México. López Obrador ha intensificado los esfuerzos para evitar que los migrantes lleguen a Estados Unidos, desplegando más de 31,000 soldados para la aplicación de la ley de inmigración. Los centros de detención de inmigrantes son conocidos por su hacinamiento, falta de higiene y peligrosidad.Derechos de las Personas con Discapacidades y Personas MayoresLas personas con discapacidades enfrentan obstáculos para acceder a la justicia, educación y otros derechos fundamentales. Aunque en 2022 se aprobaron reformas que prohíben el tratamiento psiquiátrico forzado y las restricciones, incluido el encadenamiento, persisten desafíos. A pesar de la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en marzo, estas personas continúan enfrentando desafíos en términos de derechos y protección.Política Climática e ImpactosMéxico, como uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero, ha sido criticado por no cumplir con sus compromisos climáticos. La administración López Obrador ha invertido en combustibles fósiles, desafiando los objetivos del Acuerdo de París. La actualización del plan climático del gobierno en 2022 fue calificada como “críticamente insuficiente” para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.El informe de Human Rights Watch, en general, destaca las preocupaciones sobre la situación de derechos humanos en México bajo la administración de López Obrador y la necesidad urgente de abordar los desafíos persistentes en materia de seguridad, justicia y derechos fundamentales. Fuente: www.losangelespress.com