Saúl Escobar Toledo
SemMéxico, Ciudad de México, 29 de septiembre, 2025.- La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) publicó el mes pasado su “Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2025”. En dicha publicación se asegura de manera enfática que “fortalecer la política fiscal es una condición necesaria para cualquier estrategia de desarrollo”. Es decir que para lograr un mayor crecimiento económico y para cubrir las necesidades de la población en materia de educación, salud y protección social, se requiere cambiar la política tributaria.
Esta conclusión, se explica, en primer lugar, por la desaceleración generalizada de la economía mundial tanto en los países avanzados como en las regiones en desarrollo, en un contexto de alta incertidumbre y tensiones crecientes. Se vislumbra -agrega el estudio- “una disminución del comercio mundial y una caída de los flujos de capital hacia las economías emergentes” debido al incremento de los conflictos geopolíticos y la fragmentación de la cooperación mundial.
En el caso de América Latina, la CEPAL asegura que “se confirma un decenio de bajo crecimiento en el periodo 2016 – 2025, el cual ha sido inferior al registrada en los años ochenta (cuando ocurrió la crisis de la deuda y varias naciones, incluyendo México, dejaron de pagar sus obligaciones externas)”.
Para salir de este casi estancamiento, América Latina debe aumentar la inversión, la tasa de participación de las mujeres y los jóvenes en la ocupación, y mejorar la educación. Todo lo anterior requiere superar un problema central: el reducido espacio fiscal de los gobiernos de la región debido al aumento de los intereses de la deuda pública. Es decir, para pagar a sus acreedores, los gobiernos han optado por contener su gasto a pesar de que las necesidades de la población se han seguido abultando.
El envejecimiento de la población presiona cada vez más las instituciones de salud, las pensiones y los servicios de cuidado. Al mismo tiempo, ha habido una mudanza en el perfil epidemiológico, caracterizado por una mayor prevalencia de enfermedades crónicas y degenerativas, cuyo tratamiento implica costos más elevados y, por ende, mayores necesidades de financiamiento. Igualmente, el cambio climático requiere mayores inversiones. Y, sin duda, las desigualdades sociales y los niveles de pobreza existentes requieren un mayor y mejor gasto social.
La CEPAL abunda. El envejecimiento de la población ha provocado una elevación del gasto en pensiones. Los sistemas contributivos (administrados por las Afores) han requerido ingentes recursos fiscales que, sin embargo, no han resuelto problemas como su cobertura o el pago de jubilaciones dignas. Por ello, los gobiernos han tenido que implementar programas de pensiones no contributivos (como el programa universal de adultos mayores en México). Así, dice la CEPAL, en el año 2000 el gasto en estas pensiones, financiadas en su totalidad por el gobierno, representaban en promedio apenas el 0.15% del PIB mientras que en 2021 se habían triplicado alcanzado un promedio del 0.42% del PIB.
La CEPAL insiste en que América Latina necesita, en particular, aumentar la inversión pública pues ésta juega un papel central “en la provisión de servicios económicos —como infraestructura e investigación y desarrollo—, así como en reglones esenciales, como educación, salud pública, seguridad y justicia”. Sin embargo, agrega la CEPAL, ésta “se ha reducido, lo que ha debilitado el papel del Estado como motor del crecimiento”.
La carencia de recursos se agudiza no sólo por las presiones del gasto social (las pensiones) y el aumento del servicio de la deuda. También porque existe “una recaudación tributaria baja y regresiva”. “Los ingresos tributarios en la región, que en promedio representaron un 21,3% del PIB en 2023, distan significativamente de los niveles observados en economías desarrolladas, 34,0% del PIB en 2022 para el promedio de países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)”. La CEPAL agrega que, en América Latina, “la recaudación se concentra en los impuestos al consumo de bienes y servicios y en menor medida en el gravamen sobre la renta y las ganancias de capital. En los países de la OCDE sucede lo contrario: estos gravámenes son notablemente mayores que los impuestos a los bienes y servicios.
El estudio advierte que los impuestos al consumo tienden en su mayoría a ser regresivos (afectan más a las personas de menores recursos) mientras que el que afecta la renta de las personas físicas, tiene, como lo demuestran diversos estudios, un diseño “altamente progresivo”.A esto se suma una evasión fiscal en nuestra región, que alcanzó los 433.000 millones de dólares anuales en 2023.
Así las cosas, “los ingresos tributarios se estancaron y no fueron suficientes para sostener el nivel de gasto público, lo que derivó en déficits fiscales elevados y persistentes (y) en un aumento significativo del endeudamiento público”. En consecuencia, el nivel promedio de deuda pública del gobierno central en América Latina aumentó de un mínimo del 29,4% del PIB en 2008 al 51,2% del PIB en 2024”. Peor aún, “durante los últimos años, el incremento de los pagos de intereses fue contrarrestado, en parte, con recortes en la inversión pública”. La adquisición de activos fijos fue el componente más afectado, lo que llevó a la paralización de proyectos de infraestructura y a restricciones en la compra de maquinaria.
Por ello, la CEPAL propone “una política fiscal transformadora”. Una primera medida consistiría en “aumentar las tasas máximas del impuesto sobre la renta de las personas físicas… y garantizar que las ganancias de capital sean gravadas de forma amplia y efectiva”; y agrega “para complementar estas acciones, puede explorarse la posibilidad de implementar gravámenes a la propiedad, la riqueza individual o familiar, y a las herencias”.
Igualmente, propone revisar el IVA, pero destaca la necesidad de “ampliar la cobertura y la calidad del gasto público”. Asegura que es fundamental “fortalecer el sector de los cuidados mediante el reconocimiento, la redistribución y la reducción del trabajo no remunerado” Y agrega que, en el ámbito de la salud, es preciso mejorar la infraestructura física y tecnológica, así como capacitar al personal médico en el uso de herramientas digitales. Finalmente, señala que es esencial “superar la lógica subsidiaria y promover la inversión en infraestructura social y servicios básicos.” Es decir, revisar los programas de transferencias monetarias de tal manera que no debiliten el gasto en la construcción de nuevas escuelas, hospitales y renglones como el abastecimiento de agua, drenaje y vivienda.
Finalmente, la CEPAL considera que es “indispensable reconfigurar la arquitectura financiera internacional” ya que actualmente socava las reformas tributarias nacionales pues prevalece la elusión y evasión de tributos corporativos impulsados por la digitalización acelerada de la economía mundial. Además, “la competencia en la tributación a las empresas entre países resta recursos a los gobiernos de la región para el financiamiento del desarrollo”. También, agrega, “son motivos de preocupación los flujos financieros ilícitos”.
Las recomendaciones de la CEPAL parecen chocar con las prioridades políticas de la mayoría de los gobiernos de América Latina los cuales han escogido el camino del endeudamiento para mantener su gasto al mismo tiempo que dedican cada más recurso para sufragar los intereses de esos préstamos. Un círculo vicioso que los ha llevado a disminuir, sobre todo, la inversión social y en proyectos productivos. Por otra parte, el poder de las grandes empresas trasnacionales ha dificultado el control de la evasión fiscal. Sin embargo, según esa institución, no hay otra salida más que fortalecer las arcas públicas gravando más a las personas más ricas. Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Colombia y Uruguay han acordado impuestos al patrimonio y la riqueza. Brasil, por su lado, desde 2024, grava a individuos con grandes fortunas (superiores a mil millones de dólares) con una tasa mínima del 2%. Estas experiencias deben estudiarse para tomar una decisión que, como en nuestro país, es cada vez más urgente si, por ejemplo, el Plan México se va a tomar en serio.
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