TRAS BAMBALINAS. Se va cerrando el cerco

Por Jorge Octavio Ochoa.

Lentamente, casi a ciegas, los mexicanos empiezan a vivir una de las etapas más grises y peligrosas de su historia, en la que se harán nugatorios, con mayor frecuencia, los derechos individuales y colectivos.

La demagogia que campeaba con el PRI de los 70s, se ha reinstalado de una manera funesta. En tan sólo 6 años, el crimen organizado y el narcotráfico se asentó en México de una manera fatal.

En el sexenio pasado, al menos 190 contratos públicos se otorgaron a empresas relacionadas con Los Chapitos, lo que aclara porqué AMLO saludó de mano a la abuela de estos muchachos que “también son seres humanos”. 

Las evidencias de corruptelas se acumulan por encima de la cantaleta: “pruebas, pruebas”. Los nombres de los presuntos implicados vuelan: Sergio Carmona, Mario Delgado, Américo Villarreal, Amílcar Olán, Calderón Alipi.

Los casos de tráfico de influencias, desvío de dinero, corrupción y asociación delictuosa también menudean: Segalmex, INSABI, Tren Maya, Dos Bocas. Quedarán impunes bajo la figura de “reserva por cuestiones de seguridad”.

Este es el panorama bajo el cual surgen las reformas a la Ley de Amparo y la Ley Fiscal, que dejan literalmente inermes a los ciudadanos frente a los actos de autoridades de cualquiera de los tres niveles.

El dinero que se tenga en los bancos siempre estará ante el riesgo de congelamiento por la sola sospecha de un ilícito. Por decisiones judiciales, la vida de personas físicas y morales podrían quedar destrozadas.

El terror que viene con estas reformas es impensable. El gobierno de la 4T podrá perseguir impunemente a sus adversarios incluso bajo el criterio de “traición a la patria”. Morena mira al pasado, pero no al pasado reciente.

En el anterior sexenio, vimos como AMLO se le fue de frente a organizaciones críticas como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), con el argumento de que eran financiados por EUA.

Así la 4T ha mantenido la persecución mediática contra líderes opositores como Ricardo Anaya. Pero entrega contratos millonarios a otros, como el senador y empresario farmacéutico, Carlos Lomelí.

La inquina contra Ricardo Salinas Pliego es entendible. Incluso la usura y el uso de la pobreza es pecado. Pero entregar contratos por 420 millones de pesos por adjudicación directa al senador ¿qué es?

Tampoco es entendible por qué, en la era de la 4ª Transformación, prevalecen enriquecimientos como el de Ramiro López Obrador o Cuitláhuac García, que compiten con el de “Alito” Moreno, que sigue libre por ser líder del PRI.

Con la nueva ley, a todos estos se les podría congelar sus cuentas bancarias, pero no sucederá. Lo vemos en el trato diferenciado del caso La Barredora. Contra Adán Augusto no hay investigación alguna, aunque todos los caminos lleguen a él.

Con la reforma al amparo, las demandas colectivas serán imposibles y el Estado podrá expropiar tierras, como en el caso del Tren Maya, “por causas de utilidad pública”, y con eso se arrogan el derecho de dañar, sin ningún temor.

Fueron 120 cenotes dañados y no 8, en el tramo 5, como como declaró recientemente Alicia Bárcena, titular de la SEMARNAT. Las evidencias están a flor de piel. El culpable descansa sin ningún cargo de conciencia.

Las audiencias con juristas para “discutir” la Ley de Amparo, pasaron de noche por el Congreso. Existen pocas expectativas de cambio. Hasta ahora, el sector privado ha sido más mesurado para expresar sus opiniones.

Sin embargo, la preocupación por futuros embargos o remates se convierte en la espada de Damocles que penderá sobre sus cabezas. El fisco podría tener paralizadas a empresas durante años con la sola cancelación de permisos.

Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) han advertido que dichas reformas pueden afectar la inversión y el empleo.

“La reforma desnaturaliza el juicio de amparo al privarlo de su efecto protector inmediato, convirtiéndolo en un recurso tardío e ineficaz. Se fortalece la discrecionalidad del Estado y se deteriora la confianza de los inversionistas”.

En aquel entonces, López Obrador mintió y dijo que tenía todos los permisos de impacto ambiental a la mano para continuar con las obras del Tren Maya. Bajo los nuevos criterios de la Ley de Amparo se legalizarán esos abusos.

Les guste o no a los morenistas, un gobierno que destina 25 millones de pesos para que favorezcan la imagen de la presidenta, no puede llamarse democrático. Tampoco pueden presumir mayoría alguna.

¡Hasta la Casa de los Famosos México tuvo 43 millones de votos en su gran final! La mayoría que presumen, es ficticia. Un gobierno que miente, al final será repudiado.

Hay que mirar al PRI para entender cabalmente por qué está al borde de la desaparición. Fueron décadas de abusos y engaños. La izquierda ya lleva dos décadas

Como estrategia de partido, hoy denuncian “mezquindad” de los “adversarios” por las denuncias de inacción ante el desastre en Puebla, Hidalgo y Veracruz, principalmente, luego de 30 horas de lluvia que devastó amplias zonas.

Se entiende la virulencia de los comunicadores y presuntos “influencers” PRO 4T que hoy cuestionan las críticas al gobierno. Más aun cuando les condonan deudas por 150 millones de pesos o les pagan 150 mil por pregunta.

Sin embargo, hay claras diferencias que marcan para toda la vida, como decir que “se desbordó ligeramente el río Cazones”, o esperar más de 8 horas para decirle a la población de Acapulco que les pasaría por encima un huracán.

Una cosa es, ser de izquierda. Otra, muy distinta, es ser siniestro.