Por decreto y ante indiferencia por el AIFA, reducen vuelos al Benito Juárez

Por decreto, y ante la indiferencia que entre las aerolíneas y usuarios ha generado el recién abierto Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el presidente de México prepara un decreto para reducir vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México.

Las operaciones bajarán de 62 a alrededor de 50 cada hora, es decir, cerca de un 20%. Esto, según la justificación oficial, es para reducir la saturación en el Benito Juárez e incrementar las operaciones en el nuevo aeródromo donde operan cuatro aerolíneas con rutas a seis destinos nacionales y uno internacional, Venezuela.

El subsecretario de Transporte, Rogelio Jiménez Pons fue el encargado de difundir la información, que originalmente sólo fue enviada a El Financiero o Expansión y confirmada a EL PAÍS. Dijo que los primeros vuelos en ser redirigidos serán de carga, charters, vuelos excesivos y de nuevas aerolíneas.

Sin embargo, en los hechos se busca obligar a las aerolíneas a reestructurar sus calendarios de vuelos para que fluyan al AIFA, donde funcionan actualmente el Grupo Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobus y Conviasa que difícilmente completan los 12 vuelos diarios de entradas y salidas.

Esto contrasta con los 900 vuelos del Benito Juárez, que alcanzó su límite de seguridad operativa en 2014, con 32 millones de pasajeros. “No queremos hacer nada forzado, pero sí que entiendan que ya hay condiciones muy graves que hay que atender”, advirtió el funcionario.

Aseguró que habrá incentivos para las aerolíneas que acepten los cambios, como “descuentos en los combustibles”. “Son negociaciones que llevan mucho. Es un tema muy amplio, implica a toda la industria”. Al final, el AIFA espera recibir 2.4 millones de pasajeros.

El aeropuerto Felipe Ángeles es una de las obras más controversiales del actual régimen, junto con la refinería Dos Bocas, en Tabasco, y el Tren Maya, que atraviesa cinco Estados, cuyo tramo 5 se encuentra todavía en litigio legal por no contar con los permisos de impacto ambiental.

El nuevo aeródromo es administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional, y los recursos que se obtengan serán destinados, en parte, para cubrir las pensiones de las Fuerzas Armadas del país. Sin embargo, tardará varios años en ser redituable, según especialistas.

Con información de El País

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