Nunca en la historia de la Universidad Autónoma de Guerrero, ha sido tan cuestionado y vilipendiado un rector como Javier Saldaña Almazán, señalado acremente de múltiples irregularidades, acumuladas durante el transcurso de tres periodos consecutivos de 2013 a la fecha.
Los señalamientos más reiterativos se refieren a un escandaloso enriquecimiento inexplicable, traducido en propiedades en fraccionamientos exclusivos, ranchos con decenas de hectáreas, caballos pura sangre, ganado de alto registro, universidades privadas (INDESAG), inversiones financieras con prestanombres, terrenos, vehículos de alta gama, etc.
Como rector en tres periodos ininterrumpidos siendo candidato único, vino construyendo meticulosamente una poderosa estructura de férreo control universitario, sostenida con el uso indiscriminado del presupuesto de la institución, cooptando a dirigentes de grupúsculos y sindicales con cargos en la administración central, en escuelas y facultades con plazas docentes y administrativas, incremento de horas, basificaciones, becas académicas, etc.
Desde el otro ángulo habría de reconocer la incorporación de un elevado número de académicos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), sin que implique un mejor desarrollo de la Máxima Casa de Estudios, ni tampoco el incremento de los campus universitarios, cuyas construcciones han dejado buenas comisiones económicas, en detrimento de los profesores universitarios de mayor antigüedad que no se pueden jubilar porque se da prioridad a otros rubros y no se entregan los finiquitos a quienes tienen derecho, solo que se se trate de incondicionales..
Ni que decir de las nuevas carreras universitarias y los grados de posgrado, con altas y bajas en las matrículas estudiantiles y la desaparición de carreras por una errónea planeación en su origen.
La gota que derramó el vaso, fue la reciente decisión del tri-rector, Javier Saldaña Almazán, de reformar la Ley Orgánica e incrementar dos años al periodo de rector, es decir a seis años; atropellando el procedimiento establecido en la Ley Universitaria.
Para realizar cualquier reforma a la misma, se debió celebrar el Congreso General Universitario o un Referéndúm, mecanismos obligatorios legales que el extraviado tri-rector pasó por alto, conociendo la docilidad del Consejo Universitario, al cual tiene sometido por el control absoluto sobre los consejeros universitarios, mediante todo tipo de soborno o prebendas.
La Comisión de Educación del Congreso del Estado tendrá que analizar de manera exhaustiva no solo el contenido de la iniciativa de la Reforma Universitaria, sino también, por no apegarse al procedimiento legal establecido en la propia Ley Orgánica, motivo suficiente para ser regresada al Consejo Universitario, con la finalidad de rectificar el procedimiento legal para reorientar el curso de la multicitada Reforma, porque de otra manera podría generar una fuerte controversia constitucional.
